Itzel Moya

El pasado 19 de junio, el periódico estadounidense New York Times publicó una investigación en la que señalaba al gobierno federal por espionaje en contra de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Las acusaciones se basaron en evidencia de decenas de mensajes que recibieron las víctimas a través de un programa llamado Pegasus, que se ha utilizado para vigilar a criminales y terroristas por medio de dispositivos móviles.

La investigación se realizó por el instituto Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, y otros analistas independientes, quienes analizaron una muestra de 76 mensajes que recibieron las víctimas de abril de 2015 hasta julio de 2016. Los mensajes recibidos buscaban engañar a las víctimas con información personal, falsas alertas AMBER, advertencias de secuestros y otras amenazas, así como mensajes que representaban comunicaciones oficiales de la Embajada de los Estados Unidos y otras instituciones gubernamentales, con el fin de acceder a sus dispositivos móviles y tener acceso a todo tipo de información personal contenida en estos.

Pegasus es un malware desarrollado por la empresa israelí NSO Group para vigilar a organizaciones criminales y terroristas, por lo cual el programa se vende únicamente a gobiernos. En el caso mexicano, el informe de Citizen Lab señala que fue comprado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

¿Quiénes son los afectados?

Entre los principales afectados destacan periodistas, activistas y defensores de derechos, quienes comparten una conexión básica: todos han estado involucrados en investigar o trabajar en informes de alto nivel sobre corrupción, delito y abuso de autoridad por parte del gobierno mexicano.

Tal es el caso de Carmen Aristegui, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, quienes dirigieron la investigación de la Casa Blanca del presidente Peña Nieto; Carlos Loret de Mola, quien publicó una serie de contradicciones oficiales sobre la muerte de 43 personas Tanhuato, Michoacán; abogados de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien dirigió el proyecto de la Ley 3 de 3 para combatir la corrupción y conflictos de interés de los funcionarios públicos, entre otros.

Fuente: Citizen Lab, https://citizenlab.org/wp-content/uploads/2017/06/Fig-1-Some-Mexican-Targets.png

Posturas encontradas

Víctimas

Los afectados denunciaron ante la PGR el espionaje del que fueron víctimas por parte de las autoridades mexicanas.  Este martes 20 de junio en conferencia de prensa, afirmaron que “[…] los actos apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, lo cual permite presumir la ausencia de autorización judicial, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para realizar prácticas de vigilancia”.

De igual manera exigieron la rendición de cuentas del gobierno sobre el uso de este malware para realizar actividades de espionaje. En ese sentido, Carmen Aristegui afirmó que “[…] el Ejecutivo tiene que dar explicaciones sobre el espionaje como una operación de Estado, ya que se utilizaron los recursos públicos para cometer ilícitos graves en contra de los afectados”.

Además de la denuncia, las víctimas del espionaje presentaron una solicitud ante la CNDH sobre una implementación de medidas cautelares con el objetivo de frenar estas prácticas en contra de sus personas.

Gobierno federal

Por su parte, el gobierno mexicano declaró, a través de una carta dirigida al editor del artículo que “[…] el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho del gobierno mexicano […] no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito”.

El jueves 22 de junio, durante la inauguración de un parque industrial, el Presidente Enrique Peña Nieto reprobó las acusaciones en contra del gobierno sobre espionaje y declaró que “[…] su gobierno es democrático, en el que respeta y tolera las voces críticas […] Espero que la PGR pueda deslindar responsabilidades y pueda aplicarse la justicia contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”. Asimismo, afirmó que “él mismo ha recibido mensajes de fuentes desconocido, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente”.

Conclusiones

Actualmente, continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y adjudicar responsabilidades. Por un lado, las víctimas señalan al gobierno federal como responsable de estos actos y exigen proteger sus personas contra ataques futuros de este tipo; por otro lado, las autoridades mexicanas se deslindan de toda acusación y prometen castigar a los responsables.

En una cita del New York Times se lee que México está muy lejos de ser como Turquía, un país que encarcela a más periodistas en todo el mundo, o como China, un estado autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno considera que la prensa libre es un peligro político. Sin embargo, México no está lejos de estos casos, donde se vive una severa crisis con respecto a estos temas, con un alto índice de homicidios a periodistas que ha incrementado los últimos años.

Estas acusaciones de espionaje generan sospechas hacia el gobierno mexicano sobre la “libertad” de expresión como derecho de todos, y replantean la idea de tolerancia por parte de las autoridades sobre la crítica a su desempeño y la defensa de derechos humanos, la lucha contra la corrupción y otros delitos que, bien sabemos, ocurren en México.

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